Autores: Clara Inés Vargas Hernández, Agustina Iglesias Skulj, Óscar Julián Guerrero Peralta, Eva María Souto García y Carlos Arturo Gómez Pavajeau
La publicación del presente número de la Revista Derecho Penal y Criminología coincide con el vigésimo aniversario de promulgación de la Constitución Política de 1991. Por tal motivo, resulta interesante destacar que dicho esquema normativo introdujo modificaciones significativas en la configuración política, jurídica, económica y social del Estado colombiano, cuyo origen básico se encuentra en la adopción de un modelo de Estado social de derecho, democrático, participativo, pluralista, basado esencialmente en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia material. Para alcanzar esos fines trazados por el constituyente, la Carta Política de 1991 instituyó un sistema complejo de controles de diverso orden al ejercicio del poder público, al tiempo que consagró un catálogo amplio de derechos en cabeza de los ciudadanos (fundamentales, sociales, económicos y culturales), cuya eficacia se hallaría en tela de juicio si no se hubiesen implementado herramientas jurídicas que permiten a las personas reclamar de las autoridades su protección expedita como, por ejemplo, la acción de tutela.